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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la impugnación de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) en la que se solicita la suspensión cautelar del Real Decreto de Troncalidad.
La SEMIC interpuso un recurso contra el Real Decreto 639/2014 el pasado 31 de octubre alegando que el texto es nulo porque la memoria de impacto normativo no cumple con los requisitos legales. Según información de la SMIC el coste de implantar el real decreto rondaría los 2.500 millones de euros en los próximos cuatro años, según un informe encargado por la sociedad. Sin embargo, la memoria del texto no realiza una valoración adecuada de este impacto. De hecho, la mayor parte del impacto económico no ha sido considerado. Otro argumento que se esgrime en el recurso admitido a trámite por el supremo y que supone la suspensión cautelar del Real Decreto 639/2014, es que el texto vulnera el derecho comunitario y, en concreto la libre circulación de profesionales.

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